Seguridad Alimentaria en el Perú: El impacto en la mesa de los ciudadanos

El Perú, reconocido mundialmente por su rica gastronomía, enfrenta una paradoja alarmante: es el país con la mayor tasa de inseguridad alimentaria de Sudamérica. La situación se ha agravado en 2026, con una inflación que supera el 4% y presiones adicionales sobre los precios de los alimentos que golpean directamente la mesa de los hogares más vulnerables. La magnitud del problema sigue siendo crítica. La Universidad del Pacífico advierte que más de 16 millones de peruanos enfrentaron inseguridad alimentaria entre 2021 y 2023, y el país mantiene el índice más alto de la región, superando el promedio latinoamericano y duplicando ampliamente los registros de países como Colombia y Chile. La inseguridad alimentaria en su forma más severa afecta a más del 20% de los peruanos, y la anemia sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del país. La agricultura familiar, pilar fundamental de los sistemas agroalimentarios nacionales, abastece la mayor parte de alimentos que consumen los hogares peruanos, pero enfrenta serias limitaciones estructurales.

Inflación anual en Lima alcanza 4,01%, el nivel más alto en más de dos años | Fuente: La República

En junio de 2026, la inflación anualizada en Lima Metropolitana alcanzó el 4.01%, el nivel más alto desde octubre de 2023, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos como pescados, frutas y huevos. Los principales incrementos en junio 2026 fueron: bonito 48.7%, mango 27.2%, manzana Israel 22.8%, jurel 18.1%, choclo 14.4%, papaya 14.0% y huevos de gallina 4.5%, según datos del INEI. El principal responsable de estas alzas ha sido el impacto climático. Las anomalías en la temperatura del mar redujeron la disponibilidad de especies para consumo directo, elevando los precios del pescado y los mariscos un 16.8% durante junio. El oleaje anómalo y las altas temperaturas del mar generaron un “shock de oferta” puntual en el sector pesquero.

La amenaza del Fenómeno de El Niño para el segundo semestre es la principal preocupación. Los analistas proyectan que su impacto en la producción agrícola y pesquera podría generar nuevas presiones inflacionarias, especialmente en productos sensibles como arándanos, uvas, mango y recursos pesqueros. Incluso un eventual deterioro de las carreteras podría encarecer el transporte interprovincial, afectando los precios finales de los alimentos en los mercados urbanos.

Otro factor crítico es la dependencia de fertilizantes importados. El Perú importa aproximadamente 900 mil toneladas anuales de fertilizantes, evidenciando una alta vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional. La concentración de proveedores agrava el riesgo: más del 40% proviene de Rusia, más del 20% llega desde China y cerca del 15% desde Estados Unidos. La urea representa el 43% de los fertilizantes utilizados en el país. La crisis en Medio Oriente ha generado un nuevo shock, con incrementos en los precios de los fertilizantes que alcanzan hasta el 28%. “Al subir los fertilizantes inevitablemente se incrementarán los precios de los alimentos agropecuarios que consumimos”, advirtió Luis Cruz Cuadros, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano. Estos insumos representan entre el 15% y el 20% de la estructura de costos en muchos cultivos, por lo que cualquier variación en su precio tiene un efecto directo en el costo final de los alimentos.

El estudio de la Universidad del Pacífico revela que la inseguridad alimentaria no es una fatalidad geográfica ni económica, sino el resultado de décadas de intervenciones fragmentadas, recursos mal asignados y una institucionalidad débil. Los factores principales identificados son: baja productividad agraria, mala focalización de los programas alimentarios, ausencia de servicios básicos como agua potable y energía para la correcta preparación de alimentos, y débil institucionalidad con falta de enfoque multidimensional en las políticas existentes. La respuesta ciudadana ha sido organizarse a través de ollas comunes, que actualmente superan las 4.500 en todo el país, un testimonio de la profundidad de la crisis pero también de la solidaridad y capacidad de autogestión de las comunidades.

Frente a este escenario, la Agenda 2026, iniciativa de la Universidad del Pacífico y el Centro de Investigación (CIUP), propone elevar la productividad agraria mediante semillas certificadas, riego tecnificado y la inclusión de debates informados sobre Organismos Vivos Modificados (OVMs); mejorar la focalización de los programas sociales usando criterios basados en evidencia y priorizando a poblaciones en condición de inseguridad severa; y fomentar biohuertos y vales de consumo para promover el autoconsumo en zonas vulnerables. Estas propuestas son fiscalmente viables, con beneficios económicos estimados entre el 2% y el 4% del PBI.

Perú y la FAO han renovado su alianza estratégica, trabajando en el nuevo marco programático 2027-2030 para profundizar resultados y ampliar el alcance de proyectos en beneficio de la población rural y urbana. Las iniciativas clave incluyen “Mano de la Mano”, que busca reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria mediante inversiones focalizadas y alianzas público-privadas, y “Un País, Un Producto Prioritario”, que promueve el desarrollo de productos locales con alto valor nutricional y comercial —como la papa nativa en el caso peruano—, facilitando su acceso a mercados. Además, el gobierno prioriza la ampliación de infraestructura hidráulica: la construcción de represas y sistemas de riego, especialmente en el norte del país, permitirá almacenar agua y reducir la dependencia de las lluvias.

Los analistas proyectan que la inflación cerrará 2026 fuera del rango meta del Banco Central. Macroconsult estima un cierre en 3.7%, mientras que el IPE proyecta 4.1%, y recién hacia finales del primer trimestre de 2027 se espera un retorno al rango meta. La principal amenaza sigue siendo El Niño, aunque su impacto se considera transitorio. Una vez disipados los efectos climáticos, la inflación podría volver gradualmente al rango meta durante el 2027. Sin embargo, las reformas estructurales en el sector agrícola, la reducción de la dependencia externa de fertilizantes y el fortalecimiento de los programas de protección social son necesarios no solo para enfrentar la coyuntura, sino para garantizar la seguridad alimentaria de los peruanos en el largo plazo.

El Perú enfrenta una crisis alimentaria estructural que afecta a más de la mitad de su población. La alta dependencia de fertilizantes importados, la vulnerabilidad a los conflictos geopolíticos, el impacto del cambio climático —agravado por el posible Fenómeno de El Niño— y décadas de políticas fragmentadas han creado una tormenta perfecta que presiona al alza los precios de los alimentos. La inacción tiene un costo altísimo: más niños con anemia, más hogares sin acceso a alimentos nutritivos y una pérdida de productividad que lastra el desarrollo del país. El costo de no actuar es significativamente mayor que el de implementar las reformas necesarias. El Perú no puede permitirse que su rica gastronomía sea solo un privilegio para unos pocos. La seguridad alimentaria es un derecho, no un lujo, y garantizarla requiere un compromiso decidido del Estado, el sector privado y la sociedad civil en su conjunto.

Frente a esta crisis, surge una pregunta fundamental: ¿no deberíamos promover la recuperación de fertilizantes naturales en nuestros agricultores? La respuesta es afirmativa. Los fertilizantes naturales —compost, humus de lombriz, guano de isla, abonos verdes— no solo reducen la dependencia de insumos importados, sino que mejoran la tierra, protegen nuestra salud al eliminar residuos tóxicos, fortalecen la soberanía alimentaria y son más económicos a largo plazo. Desde RED UNIENDO MANOS PERÚ, creemos que el camino hacia la seguridad alimentaria pasa por recuperar las prácticas tradicionales de fertilización natural. ¿No deberíamos fomentar en las ciudades los huertos agroecológicos como expresión de la solidaridad siempre presente en nuestra patria? Los huertos urbanos acortan la cadena de suministro, educan en alimentación saludable, fortalecen el tejido social y mitigan el cambio climático. Son una declaración de principios: podemos producir nuestros propios alimentos, cuidar nuestra salud y construir comunidades más justas. Detrás de esta crisis hay una decisión de país.

El Perú ha sido históricamente un país minero, con un modelo extractivista que enriquece a unos pocos a costa de la destrucción de nuestros ecosistemas. Necesitamos luchar por un gobierno que se preocupe por la buena alimentación de sus pobladores, no por un modelo que prioriza la extracción de recursos por encima de la vida. Esto implica redirigir subsidios a la agricultura familiar, proteger nuestros ecosistemas y garantizar el derecho a la alimentación.

Además, proponemos:

• Promover la recuperación de fertilizantes naturales mediante programas de capacitación para agricultores en producción de compost, humus y biol.
• Fomentar huertos agroecológicos en las ciudades con redes de huertos urbanos comunitarios y educación agroecológica en escuelas.
• Fortalecer las ollas comunes y comedores populares con capacitación en nutrición y articulación con agricultores locales.
• Exigir políticas públicas orientadas a la vida, priorizando la seguridad alimentaria y la agroecología por encima de intereses extractivistas.

La alternativa orgánica no es solo posible; es necesaria. Recuperar los fertilizantes naturales, fomentar los huertos agroecológicos en las ciudades y luchar por un gobierno que priorice la alimentación de sus pobladores son pasos indispensables para construir un Perú donde la comida llegue a todas las mesas y donde la salud y la vida estén por encima de la minería y el extractivismo.

Desde RED UNIENDO MANOS PERÚ, seguiremos trabajando para unir esfuerzos, promover la agroecología y exigir políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación. Porque la solidaridad siempre ha estado presente en nuestra patria, y es momento de ponerla al servicio de la vida.